“EL QUE LAS HACE LAS PAGA”: Criminalización de la protesta social vs.Lla impunidad para el gobierno. El rol de la Justicia en la era Milei

*Malena Benz
El gobierno de Javier Milei, con Patricia Bullrich a la cabeza del Ministerio de Seguridad, erigió la consigna “el que las hace las paga” como pilar discursivo de su política de seguridad. Sin embargo, el accionar del Poder Judicial expone una asimetría clarísima: mientras los tribunales despliegan una persecución penal feroz a dirigentes y militantes del movimiento piquetero -en sintonía con un claro avance de la represión a la protesta social-, garantizan sobreseimientos relámpago a los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo salpicados por maniobras de corrupción y estafas financieras multimillonarias.
Desde los primeros días del gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instauró el denominado "protocolo antipiquetes": una resolución ministerial anticonstitucional, que se implementó bajo el pretexto de “garantizar el libre tránsito” y desarticular la protesta en la vía pública. Este protocolo fue la justificación para acrecentar la represión frente a las movilizaciones, y judicializar las acciones del movimiento piquetero y los sectores populares más golpeados por el programa económico del gobierno.
Esto fue acompañado de una fuerte campaña política de estigmatización y amedrentamiento. En la primera movilización contra Milei, el 20 de diciembre de 2023 (a propósito de un nuevo aniversario del “Argentinazo” del 2001, la mayor rebelión popular que existió en el país en las últimas décadas), se transmitían audios a través de altoparlantes en las cabeceras ferroviarias que amenazaban explícitamente a los manifestantes: "el que corta -la calle- no cobra". También se ejecutaron requisas ilegales en colectivos para bajar a manifestantes. Pese a este clima intimidatorio, las y los trabajadores no abandonaron las calles a pesar de ser reprimidos en cada ocasión. Según relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la aplicación del protocolo implicó 1.400 personas heridas en manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, tan solo hasta fines de 2025.
El aval a la represión brutal por parte de este gobierno llevó a un escenario represivo constante: una de sus expresiones cúlmine fue el caso de Pablo Grillo, un fotoperiodista herido por un disparo en la cabeza con un proyectil de gas lacrimógeno. El gendarme responsable, el cabo Guerrero, fue defendido por Patricia Bullrich -quien ya garantizó la impunidad de represores en la práctica-.
El brazo judicial de la política represiva de Milei
El amedrentamiento fue acompañado de detenciones arbitrarias en las marchas más radicalizadas de estos años: no solo se llevaron cientos de detenidos cuando se movilizó contra la Ley Bases (una ley que reestructura y desregula gran parte del funcionamiento del Estado argentino), sino que actualmente Milton Tolomeo y Eneas Gallo se encuentran presos en un penal de máxima seguridad por movilizar contra la Reforma Laboral este año.
Sin ir más lejos, el gobierno sostiene cada miércoles un operativo represivo que consiste en vallar las puertas del Congreso de la Nación frente a la movilización de jubilados y pensionados, que reclaman por un aumento de sus haberes (ya que están muy por debajo de la canasta del adulto mayor). Sin embargo, el despliegue del gobierno no solo implicó amplios -y costosos- operativos represivos, sino que implicó la puesta en marcha de un engranaje persecutorio enfocado en ahogar la organización de los barrios más empobrecidos de la Argentina. Bajo la dirección del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello, la Justicia Federal desató una embestida contra delegados y dirigentes del Polo Obrero (una de las organizaciones piqueteras de mayor peso en el país) en barriadas populares como la 1-11-14 (Bajo Flores) y La Carbonilla.
La fiscalía montó imputaciones por supuesta "coacción, extorsión y defraudación contra la administración pública", acusando a los militantes territoriales de forzar a los beneficiarios de programas sociales a movilizarse bajo amenaza de dar de baja sus prestaciones. Para justificar estas acusaciones, se ejecutaron casi 50 allanamientos en comedores populares y locales políticos, promoviendo el relato mediático de que los espacios de asistencia alimentaria eran "inexistentes". El desarrollo de las causas desmintió el montaje oficialista: las indagatorias judiciales y las verificaciones del propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ratificaron el funcionamiento efectivo de los comedores, lo cual llevó a sobreseer a las delegadas de los mismos.
Mientras la justicia hostiga penalmente a quienes combaten el hambre en las barriadas, el Poder Ejecutivo profundizó el desmantelamiento de la contención social. El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, llevó a cabo la retención deliberada de toneladas de alimentos guardados en búnkers mientras la pobreza se extendía en las villas miseria. A ello se sumó la eliminación del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo), dejando a más de 950.000 trabajadores desocupados sin el magro ingreso mensual de $78.000 pesos con el que subvencionaban garrafas y la compra de insumos para los comedores.
La represión y la persecución política son las herramientas del Estado para garantizar que el ajuste pase y no haya resistencia frente al mismo. Pero el accionar del gobierno de Milei va más allá: pretende destruir las organizaciones piqueteras independientes que se enfrentan a todos los gobiernos, sin distinción de su color político, desde el 2001 en adelante.
Un gobierno de criminales
La severidad penal y el ensañamiento judicial desplegados contra las organizaciones populares contrastan de manera escandalosa con el tratamiento reservado a los altos mandos del gobierno libertario y sus aliados financieros. La doble vara de la casta judicial quedó al descubierto en dos expedientes de altísimo impacto institucional: el Caso $Libra y la causa por enriquecimiento ilícito contra el vocero presidencial Manuel Adorni.
En la causa $Libra —una estafa internacional con criptomonedas que perjudicó a miles de inversores por sumas multimillonarias—, el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi dictó el sobreseimiento en tiempo récord del presidente Javier Milei, de su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, así como de los operadores financieros Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y el empresario estadounidense Hayden Davis.
El fallo de Martínez Di Giorgi y la actuación del fiscal Taiano archivaron un expediente en el que constaban evidencias de que Milei utilizó su investidura pública y su ascendencia mediática para promocionar activamente el esquema especulativo, recibiendo compensaciones económicas a cambio. La maniobra para garantizar la impunidad incluyó la expulsión previa de los inversores damnificados como parte querellante en la causa, bajo el argumento de que “debían asumir voluntariamente los riesgos de un mercado no regulado”.
Paralelamente, la Justicia Federal consagró la absolución de Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito que investigaba inconsistencias patrimoniales e ingresos no justificados en el ejercicio de su función pública. El fiscal a cargo de consagrar la impunidad del vocero presidencial fue el mismo Gerardo Pollicita que, de forma simultánea, exige el encarcelamiento de las cocineras comunitarias del Polo Obrero.
Frente a la difusión periodística de estos escándalos de corrupción, la respuesta del Presidente de la Nación consistió en un recrudecimiento de la violencia verbal y persecutoria contra la prensa. Milei desató ataques inquisitoriales contra periodistas como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Luis Novaresio y Roberto Volosín, utilizando calificaciones propias de la Santa Inquisición y llegando a sostener públicamente que los cronistas que informaron sobre la estafa $Libra "deben quemarse en la hoguera como en la época de Torquemada".
Que pague Milei
El eslogan "el que las hace las paga" ha demostrado ser una construcción ideológica orientada de manera exclusiva al disciplinamiento de los trabajadores y los desocupados. La evidencia de las causas judiciales expone que, bajo el régimen libertario, el cumplimiento de la ley y la severidad penal se reservan para penalizar el reclamo por un plato de comida, mientras que la impunidad absoluta rige para los delitos financieros y el enriquecimiento de los funcionarios de gobierno.
La absolución express de la familia presidencial en el caso $Libra y el salvataje judicial a Manuel Adorni confirman que el Poder Judicial actúa como una dependencia subordinada a las necesidades del Ejecutivo. La reconfiguración de este fuero cuenta, además, con la complicidad de las bancadas tradicionales en el Congreso que han avalado la designación de jueces y fiscales alineados con los sectores de poder (como los integrantes de la Cámara de Apelaciones Bertuzzi, Llorens y Yadarola).
Si bien la criminalización de la protesta y la estigmatización de los luchadores es una política de Estado, este gobierno apostó a reforzar estos mecanismos para evitar lo que sucedió durante estos años: masivas movilizaciones que cuestionan su programa político y económico. En este sentido, la defensa del movimiento piquetero y de sus dirigentes procesados, así como de todos los luchadores que son criminalizados y judicializados, constituyen la salvaguarda integral del derecho a la protesta y de las libertades democráticas del conjunto de la clase trabajadora argentina.
Una gran parte del movimiento popular considera que para superar la represión, pero también el ajuste de este gobierno, hay que unificar los reclamos de todos los sectores que hoy se encuentran fragmentados. La búsqueda de una acción común para que sea Milei y su gobierno de estafadores y represores quienes paguen la crisis a la que nos están sometiendo, encuentra su espejo en las huelgas generales y rebeliones que estallan en varios puntos del mundo.
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*Socióloga da Universidade de Buenos Aires
Imagem gerada por IA.


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